La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo una valoración del contrato para la logística adjudicado por la Registraduría el miércoles a Thomas Greg and Sons para los próximos comicios, que asciende a los 2,1 billones de pesos. Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE, en diálogo con EL TIEMPO, subrayó que en esta ocasión la contratación se realizó con mayor antelación y contó con el acompañamiento de organismos de control -como la Procuraduría-, así como con la participación de mesas técnicas con observadores electorales.
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Además, señaló que hoy las preocupaciones de cara a las elecciones se centran en el deterioro de la seguridad y en el incremento de acciones violentas por parte de grupos armados. Rubiano añadió que también han emitido alertas con respecto al proceso de inscripción de cédulas, que aunque ha mejorado frente a 2021, presenta posibles irregularidades en 52 municipios.
¿Cuál es el análisis que hace la MOE de las afirmaciones del presidente Petro en donde pone en duda el proceso electoral?
Hay que analizar de manera completa el proceso. En este momento hablamos de un proceso que está en adjudicación, que no implica la firma del contrato, aunque todo parecería indicar que será de esa manera, que es como tradicionalmente ha venido operando. Ahora, obviamente hay que hacer un juicio mucho más completo de lo que tiene que ver con la transparencia de las elecciones, y en nuestro criterio, es un juicio un poco apresurado al referirse a la transparencia del proceso electoral. No sabemos sobre qué exactamente se está haciendo este juicio de valor, y, obviamente, los componentes del contrato son bastante amplios. Se están contratando cerca de 16 bienes y servicios relacionados con las elecciones, que van desde la construcción de soluciones tecnológicas o de apoyos en temas de software hasta la impresión y puesta en sitio de todos los kits electorales. Entonces, hacer un juicio de valor en ese sentido resulta bastante complejo sin entender lo que implica el contrato.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante un consejo de ministros. Foto:Presidencia
Ustedes le han hecho un seguimiento muy extenso a la licitación. ¿Hábleme de qué es lo que realmente trae el contrato?
En este caso hablamos de un contrato bastante extenso que, básicamente, lo que busca es proveer la solución integral a todo el proceso electoral. En ese caso hablamos de un pool de 16 bienes y servicios en los que se incluye, por ejemplo, la construcción de plataformas tecnológicas para apoyar la inscripción de ciudadanos, el proceso de inscripción de cédulas, la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, obviamente las provisiones en términos de software para los procesos de preconteo y consolidación de datos electorales, lo que tiene que ver con apoyo técnico en software a la consolidación de los resultados de los escrutinios, las impresiones de los tarjetones y de las ayudas para jurados de votación y, en general, como kit electoral, además de todos los procesos de digitalización. Eso, a grandes rasgos, es lo que está incluido en ese proceso de contratación.
¿Cómo va a funcionar la licitación?
En este caso lo que tenemos es un cúmulo de siete empresas que hacen parte de esta unión temporal que participó del proceso de selección. Thomas Greg Limited es como su casa matriz o su empresa más grande, pero de esa hacen parte otras filiales como Thomas Greg Colombia, Thomas Processing & Systems, Thomas Greg Express. También hacen parte empresas de seguridad como Transbank, que prestan todo el servicio de transporte de valores, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes de telecomunicaciones, que son parte de la Unión Temporal Colombia Telecomunicaciones, Telefónica como marca. Entonces, eso es básicamente lo que está en ese proceso de contratación, y las empresas lo que hacen es un acuerdo de acuerdo con sus capacidades y experiencia.
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¿Todo eso se entrega en un solo paquete?
Sí, todo está bajo la unión temporal. No es menor que se utilice la figura de unión temporal; es importante tener en cuenta que todos esos 16 bienes y servicios se entregan empaquetados en el mismo contrato. Por eso es un contrato tan alto: 2,1 billones de pesos, que cubren además todo el ciclo electoral: Congreso, Presidencia, primera vuelta y segunda en caso de haberla, e incluso parte de lo que tiene que ver con consejos de juventud de este año.
El presidente Petro insiste en sembrar dudas sobre Thomas Greg y en que ellos se harán cargo del proceso de conteo. ¿Eso es así?
Hay que hacer una salvedad importante y es conocer cómo funciona el tema de los escrutinios y la generación de resultados. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de escrutinio es hecho por jueces y notarios de la República. En este caso, la Unión Temporal Integración Logística Electoral, como decidieron ponerle, lo que tiene a su cargo es la provisión de las soluciones tecnológicas sobre las cuales se hace la carga de esa información. Entonces hablamos de un sistema de información en el cual se hace la digitalización, pero esto lo hacen funcionarios de la Registraduría en el marco de las comisiones escrutadoras, que en este caso funcionan como secretarías, y lo verifican jueces y notarios de la República.
¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de este contrato en particular y de cómo se adjudicó?
En este caso lo que nosotros encontramos es un proceso de selección que se da por la modalidad de selección abreviada y que sí tiene algunos avances importantes comparado con procesos anteriores. Por ejemplo, hablamos de un proceso que se adelantó cerca de dos meses a la hora de contratar, lo que no ocurrió, por ejemplo, en el año 2022, y esto es una ventana de oportunidad importante en términos de ejecución contractual, de plazos para el contratista y, obviamente, de auditorías, tanto externas como por parte de la Registraduría, y, obviamente, todo el proceso de auditoría que hagan tanto las organizaciones políticas como las organizaciones de observación electoral. Eso es un detalle importante; es clave que este proceso se haya adelantado y se haya ejecutado con mejores y mayores tiempos para poder tener en cuenta esa ejecución contractual.
El registrador nacional, Hernán Penagos. Foto:Registraduría
En segundo lugar, hablamos de un proceso que ha contado con el acompañamiento no solo de organizaciones de observación electoral por medio de mesas técnicas, sino también con el acompañamiento de organismos de control. La Registraduría ha sido muy cuidadosa con esta licitación y también ha invitado a la Procuraduría y a otros organismos de control a hacer parte, por ejemplo, de las pruebas de selección, de las pruebas técnicas aplicadas al contratista del proceso de selección mismo, y estos son elementos importantes a la hora de mirar cómo fue este proceso de contratación.
El presidente también cuestionó lo que considera un monopolio de Thomas Greg y lo que uno ve es que cada vez tienen más tareas. ¿Cómo analizan esto?
Nosotros hemos hecho un registro de la contratación en términos electorales desde el año 2007, y en este caso, particularmente desde 2011, sí se ve que han venido ganando terreno las empresas de Thomas Greg y sus filiales. Pero digamos que es completamente normal por una situación de mercado en Colombia. Antes encontrábamos, por ejemplo, empresas del grupo Carvajal colombiano en estos procesos, pero por decisión de junta directiva no volvieron a participar en los procesos de contratación de temas electorales, y eso le dio un espacio de mercado mucho más grande y amplio a empresas de Thomas Greg.
Pero este es un efecto completamente normal de esa situación de mercado. Entonces, ellos están en la capacidad. Lo que le digo, Thomas ha participado en mayor o menor proporción en los procesos electorales de Colombia desde el año 2007. No es una participación de una experiencia menor y, obviamente, eso le ha llevado a tener muchísimo más cabida y participación en estos procesos de contratación.
También hay críticas sobre el software que adquirió la Registraduría y Petro también vincula a Thomas. ¿Realmente quién lo proporcionó?
Indra, que es otro de esos proveedores en términos de software en temas electorales. La última participación que tuvo en nuestro proceso electoral fue la venta del software que se hizo en 2021, software que es propiedad ya del Estado y que está en este momento en administración del Consejo Nacional Electoral. Su participación ha sido completamente normal dentro del proceso colombiano y suponemos que este software se va a utilizar en estas elecciones. Habría que saber si habrá algún tipo de actualización o qué va a pasar con esta adquisición que se hizo hace ya cuatro años.
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¿Cómo analiza la ley que regula las encuestas políticas en Colombia?
Nosotros participamos en el proceso de discusión, sobre todo en el Senado de la República, y desde lo técnico hemos analizado que es un proyecto de ley que va a empezar a ser necesario, porque no teníamos la regulación suficiente desde la Ley 996 de 2005 para poder atender esta situación. Entonces, es un avance importante en términos técnicos, particularmente porque hablamos de estudios de opinión y de encuestas de intención de voto con criterios técnicos mucho más estrictos. Hablamos de que las encuestas de carácter nacional deben tener un margen de error máximo del 3 % y un margen de confiabilidad del 95 %, que es un criterio técnico sensato y serio para estudios de esta magnitud.
Mejora, por ejemplo, las condiciones y las obligaciones que tienen que aplicar las empresas encuestadoras a la hora de seleccionar los municipios para sus muestras de aplicación de estos estudios o sondeos, lo cual es importante para no generar estudios sesgados en términos territoriales o de concentración demográfica y poblacional. Adicionalmente, es importante tener en cuenta ese fortalecimiento o impulso que se le da al CNE por medio de la creación de la Comisión Técnica de Vigilancia. Cabe mencionar que, aparte del registro en firmas encuestadoras, desafortunadamente el CNE no tenía capacidad para hacer un ejercicio de control mucho más fuerte, que esta ley sí le otorga.
Al fondo el presidente del CNE, el Registrador Nacional y el director de la UNP. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
¿Cuáles son esas preocupaciones en las que se debería centrar la atención hoy?
En este momento hay dos temas sobre los cuales estamos pendientes y emitiendo las alertas necesarias a las autoridades. Uno, obviamente, es el tema de seguridad. Hay una escalada importante en términos de acciones de conflicto cometidas por grupos al margen de la ley, y eso es una situación que se debe atender con la premura necesaria, en tanto que estamos a tiempo. Estamos todavía con las posibilidades de articular Fuerza Pública y la organización electoral para poder atender esta situación, y es una situación que no se puede desconocer.
En segundo lugar, también hemos hecho un seguimiento al proceso de inscripción de cédulas, que, si bien en este momento reporta apenas 55.000 personas inscritas, sí representa un incremento respecto de la situación en 2021, cuando teníamos un 64 % menos de personas inscritas. Allí hemos hecho una alerta sobre 52 municipios, sobre los cuales sugerimos a la Fiscalía General de la Nación y al CNE que hagan la revisión respectiva de estas inscripciones.
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En términos de seguridad, fuimos testigos del ataque a un candidato en Bogotá, pero ustedes en sus informes suelen reportar casos de violencia política. ¿Qué balance hacen de este proceso electoral?
Efectivamente, nosotros publicamos hace una semana exactamente el informe de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y allí presentamos una situación en la que registramos 134 hechos de violencia contra liderazgos entre el primero de enero y el 8 de mayo de 2025.
Es una situación que, si bien representa una disminución de alrededor del 18 % frente al mismo periodo de 2021 —el año preelectoral más cercano—, no deja de ser una situación que requiera atención. Sobre todo, pensando que de esos 134 hechos, 58 son en contra de liderazgos políticos, particularmente de concejales y alcaldes en ejercicio que están siendo vulnerados en cada uno de sus territorios. De manera particular, hemos alertado que esta situación se concentra en los territorios Citrep, particularmente en el departamento del Cauca, por ejemplo.
¿Qué temas llevaron a la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales?
La MOE, como invitada por parte de la sociedad civil, presentó un informe ante esta comisión, en el cual tocó temas particulares. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con este proceso de contratación, con el análisis que hizo la MOE del proceso de selección abreviada por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y lo que ya hablamos respecto del análisis del proceso, lo que ocurrió con los proponentes y lo que tiene que ver con la provisión de esta solución integral.
En segundo lugar, tratamos todo el tema de seguridad, que es una de las variables importantes que tenemos a estas alturas del proceso y sobre la cual debemos procurar que se atienda tanto por parte de la Fuerza Pública como de la organización electoral. Y ya, obviamente, hay que atender otros temas requeridos en esta comisión en relación con los consejos municipales de juventud, en los cuales vamos a solicitar que se haga una comisión de seguimiento electoral especial para este tema, ya que las elecciones están a poco más de tres meses de su realización y aún no hemos visto esa acción decidida por parte de las organizaciones del Estado.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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