– La Corte Suprema ordenó el miércoles arrestar a los parlamentarios.
– Están salpicados en el escándalo de corrupción.
Iván Nombre y Andrés Calle.
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Red social
La respuesta política ante la orden de captura de los ex-congresistas, Iván Name y Andrés Calle, ha sido contundente. Recientemente, el Departamento Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) se ha visto involucrado en el escándalo que gira en torno a estos líderes políticos, que presuntamente han recibido sumas millonarias, específicamente 3,000 y 1,000 millones de pesos, en relación con actividades gubernamentales en la presidencia de estas entidades. Este acontecimiento destaca el recrudecimiento de la atención hacia casos de corrupción que han afectado la confianza en la política nacional, reflejando cómo el sistema a menudo se ve empañado por acciones indebidas de figuras públicas.
“El Congreso debe adoptar una postura firme con la Junta para que los gobiernos, sea cual sea la situación, no queden impunes. En medio del escándalo, el gobierno tiende a distanciarse, delegando la culpa a los acusados y buscando un nuevo blanco para sus responsabilidades”, expresó un miembro de la comunidad verde, Catherine Juvinao.
Por su parte, el senador Ariel Awil mencionó que “durante un año, hemos instado al Partido Verde a considerar la expulsión del nombre de los señores Iván y Sandra Ortiz. Hoy, la Corte Suprema ha validado nuestras sospechas, pero la práctica en el partido aún no ha culminado”, destacó, aludiendo a la falta de acción interna adecuada.
En la mañana del 7 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron con el Ministro de Justicia, evaluando la situación de los parlamentarios luego de la exposición de la problemática el día anterior, sin haber tomado aún decisiones concretas.
Las investigaciones están enfocadas en supuestos delitos relacionados con sobornos y financiación irregular de campañas políticas de terceros. Al iniciarse el proceso en mayo de 2024, surgieron testimonios que señalaron a Snyder Pinilla, antiguo director de gestión de desastres, y a Olmedo López como piezas centrales en este entramado.
Este caso continúa desarrollándose y mantendrá a la sociedad atenta a las futuras acciones del sistema judicial.
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