
Unas horas después de la apretada votación en el Parlamento, el gobierno popular de Gustavo Petro dio un paso significativo al comunicarse con el presidente de China. Esta acción fue parte de una consulta nacional convocada para obtener asesoría sobre la constitución de un nuevo acuerdo de participación popular, fundamentándose en los principios consagrados en la Constitución de 1991, pero con un enfoque renovado desde la perspectiva de la independencia.
El concepto de “cabildo” se traduce en una reunión pública que puede llevarse a cabo durante los períodos regulares de sesiones de las Asambleas de la Facultad, así como en foros organizados por autoridades de distritos y/o Comunidades Administrativas Locales (JAL). Estas reuniones están abiertas a la ciudadanía, quienes necesitan registrarse previamente con el comité correspondiente y pueden expresar sus intereses y preocupaciones.
Recientemente, la ley fue definida como un espacio donde se ejerce la soberanía y se discuten abiertamente los asuntos que son de interés público. Es un contexto donde los ciudadanos tienen la oportunidad de participar directamente en el proceso político. Según la Ley 1757 de 2015, estas iniciativas son promovidas por organizaciones no gubernamentales, y este fue precisamente el grupo que llamó al presidente durante su discurso.
El destacado político y columnista Gabriel Cifuentes mencionó que el Consejo Abierto es un espacio que, aunque no puede adoptar decisiones vinculantes, cumple una función crucial. “Apareció en los inicios de nuestra independencia y está destinado en gran medida a atender las necesidades de las comunidades a nivel local. No puede abrirse a consejos nacionales porque su objetivo está enfocado en lo local o lo correspondiente al JAL”, explicó Cifuentes.
Además, enfatizó que este llamado tiene una carga simbólica muy fuerte, representando un retorno a las calles y la conexión con la ciudadanía, un aspecto que ha sido constante en la agenda política del presidente. “La apertura del Consejo tiene valor como un símbolo de participación ciudadana. Sin embargo, creo que no puede resultar en un impacto legal significativo. No es un medio adecuado para reformar la consulta popular. Su valor es, en gran medida, simbólico, dado el peso histórico ya mencionado”, argumentó.
Este debate ha sido parte del discurso del actual presidente desde hace tiempo; un ejemplo es su intervención del 1 de mayo, durante la celebración de los sindicatos, donde aprovechó la ocasión para proponer la creación de plantas de energía como parte de la consulta popular, utilizando la espada de Bolívar como símbolo y levantando la bandera de “guerra a la muerte”.
“El cabildo abierto tiene una inmensa relevancia en nuestro legado histórico, tanto colonial como republicano. En esencia, actúa como un foro eficaz para desactivar tensiones sociales y conectar a los ciudadanos con las instituciones y sus representantes. No obstante, no es una herramienta efectiva para revivir la consulta popular”, subrayó.
Durante su discurso, el presidente también hizo hincapié en la necesidad de que el Senado reconsidere los votos de la consulta popular, que fue aprobada por un estrecho margen en el Parlamento. Esta situación generó una serie de reacciones en diferentes sectores de la sociedad, que interpretaron el accionar del presidente como un ejercicio de poder que debería respetar y rendir cuentas ante las decisiones de las otras ramas del gobierno.
Sara Valentina Quevedo Delgado