
En el proyecto presentado por el Comité de Asignación para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que redujo drásticamente el apoyo financiero para Colombia, se incrementan graves quejas. Primero, el presunto consumo de drogas en los altos niveles del Presidente Gustavo Petro Gobierno; En segundo lugar, presuntas irregularidades en el proceso judicial contra el ex presidente Álvaro Uribe.
La iniciativa, perjudicial para los intereses del país, es promovida por el miembro del Congreso Mario Díaz-Balart, que mantiene una tensa confrontación pública con el presidente Gustavo Petro desde principios de 2025, en medio de un clima cada vez más deteriorado en las relaciones bilaterales.
La confrontación directa entre Díaz-Balart y Petro se remonta a enero de 2025, cuando protestas, las acusaciones mutuas y la consulta diplomática profundizó la crisis bilateral. Díaz-Balart, un miembro influyente del Congreso con una fuerte posición anti-Petro, ha acusado abiertamente al presidente colombiano de vínculos con organizaciones ilegales, mientras que Petro ha condenado supuestas conspiraciones de la derecha estadounidense extremadamente extrema y señala a los diputados como Díz-Ballast para tratar de abandonar.
La tensión alcanzó su punto máximo después de las revelaciones de una grabación secreta a Ex canciller Álvaro Leyva, Cuando se mencionó una presunta actitud con los miembros del Congreso estadounidense para asesorar un golpe de estado contra Gustavo Petro. El presidente lideró baterías contra Díaz Balart, que a su vez, en respuesta, cuestionó en términos muy despectivos de la integridad y la salud mental del presidente colombiano Acusaciones difíciles de una supuesta adicción a las drogas.
El Congreso de los Estados Unidos, especialmente a través de cifras como Díaz-Balart, ahora está discutiendo medidas restrictivas que afectarían la asistencia financiera y militar a Colombia, cuyo marco histórico se ha centrado en los últimos años en la cooperación estratégica en los problemas antidrogas y de seguridad.
El cambio legislativo surge en un momento en que la administración de Petro enfrenta preguntas internas y externas sobre su gestión y manejo de casos emblemáticos, por ejemplo, Proceso judicial contra Álvaro Uribe, cuyo juicio ha sido cuestionado por presuntas irregularidades, como el caso de Bolsonaro en Brasil.
Desde Washington, la presión es clara: se requiere la adopción de “pasos concretos” para mejorar la relación y evitar daños importantes a los intereses binacionales, especialmente en el tráfico de drogas, el comercio y la migración. Petro, en contraste con sí mismo, ha insistido en condenar lo que considera un Intervención estadounidense en la soberanía nacional Y ha llamado a su defensa con un discurso y polarizando
Si no se llega a un acuerdo y si el Congreso de los Estados Unidos tiene en cuenta las objeciones de Díaz-Balart, habría una reducción significativa en el apoyo brindado a Colombia. Según el miembro del Congreso, el apoyo a las Fuerzas Armadas y la policía se mantendrá al combatir el tráfico de drogas, pero el apoyo financiero para otros programas tendría una reducción del 50%.