
El Gabinete del Presidente Gustavo Petro ha presentado 12 preguntas referidas a la consulta popular, cuya fecha está programada para el 1 de mayo en el Senado. En una entrevista con , el Representante del pacto histórico Alirio Uribe discute las repercusiones de los cambios propuestos y el proceso que podrían enfrentar en la legislatura.
La adopción de la consulta podría reactivar el banco en la República del Empleo y hacer crecer la informalidad en el país. ¿Realmente podría tener un impacto económico positivo?
No, en mi opinión, sucede todo lo contrario. La iniciativa que busca mejoras laborales implica no solo una creación de empleos, sino que también se prevé un salario decentemente remunerado. Es fundamental que exista un Sistema de Seguridad Social bien estructurado, que proporcione cobertura para la salud y pensiones, fortaleciendo así todo el sistema en su conjunto. Desde mi perspectiva, cuando se mejora la producción económica, también se impulsa la igualdad de género, se enfrenta la disparidad y se promueve una mejor distribución de la riqueza. Todo esto es el resultado del trabajo realizado. Estoy convencido de que la reforma laboral debería ser vista como una parte integral de la economía, ya que mejora los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, incrementando el pago de horas extra y trabajando los domingos. Al formalizar a las madres cabeza de hogar, a los aprendices del SENA y a los trabajadores del campo, se logran mayores ingresos, y, al mismo tiempo, se potencia la capacidad de compra, lo cual es vital para la reactivación económica. Esto, en definitiva, apoya la creación de equipos de alto rendimiento.
Instalación del Comité “SI” de consulta popular en soledad. Foto:Presidencia
Varias industrias mencionan que las preguntas formuladas por el gobierno en la consulta popular son parciales y carecen de información completa. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No estoy de acuerdo. Como representante de mi departamento, hemos aprobado la reforma laboral en dos ocasiones en el salón. Es relevante mencionar que el 90% de los artículos fueron modificados durante diversas discusiones. Las 12 preguntas buscan abordar problemas de planificación, como la estabilidad laboral en contratos con vocación de permanencia, tanto en el sector público como en el privado, y por supuesto, se esfuerzan por proteger a los trabajadores. También es crucial considerar la situación de la “contratación”, que puede generar presión innecesaria, especialmente en el caso de las mujeres, con respecto al acoso sexual y otros tipos de abusos. Desde mi perspectiva, todas estas relaciones laborales son esenciales y se deben fortalecer. En muchos países industrializados, la relación formal entre empleadores y empleados es mucho más alta. En nuestra realidad, persisten muchas personas en el ámbito informal que deberían migrar a la formalidad, tales como trabajadores del hogar y madres del entorno.
Las industrias económicas afirman que la política fiscal actual no acompaña la consulta debido a los altos costos. ¿Hay disponibilidad financiera para realizar la consulta y además cubrir sus propuestas?
Los costos democráticos son innegables, ¿verdad? Cada proceso electoral implica gastos significativos. Hay que considerar la logística de organizar elecciones para el Parlamento, los Consejos, Alcaldes, Gobernadores, entre otros. Realizar una consulta popular que requiera al menos 13’600,000 votantes para aprobar una medida implica una inversión considerable en infraestructura y un extenso proceso electoral. Creo firmemente que estos costos son inversiones en la participación ciudadana.
¿Consideras que puede haber un financiamiento suficiente?
Es fundamental que el Tesoro provea los fondos necesarios. La crisis fiscal no es un fenómeno aislado, está vinculada a las decisiones del propio parlamento. El año pasado fue histórico, ya que no se aprobó la Ley de Presupuesto por primera vez desde la Constitución de 1991, y se han llevado a cabo reformas fiscales que el Tribunal Constitucional ha desmantelado en parte. Hay una tendencia a que el gobierno enfrente problemas políticos, distrayéndose de los asuntos fiscales que afectan el desempeño de los derechos estatales e institucionales. Pero si el gobierno está comprometido a fomentar la consulta, también debe garantizar la financiación necesaria.
En una conferencia de prensa, Armando Benedetti y Antonio Sanguino presentan preguntas sobre la consulta. Foto:SERGIO ACERO / EL TIEMPO
Tú indicas que la consulta es una inversión en la democracia. Si es así, ¿crees que se está utilizando el dinero para financiar lo que se planea?
Se argumenta que la consulta no es un acuerdo legítimo para discutir iniciativas públicas y que, por ende, reemplaza decisiones del Parlamento. ¿Cuál es tu opinión?
He criticado la participación ciudadana por esta razón. La constitución y la ley establecen la campaña legislativa, el referéndum, la consulta, entre otros. Estos métodos requieren ciertas condiciones para su ejecución. Me encantaría ver facilidades para que los ciudadanos puedan participar en el proceso. El gobierno y nosotros, como legisladores, operamos dentro del marco legal vigente, que no cuenta con mucha experiencia en consultas ciudadanas. La primera ausencia fue la consulta contra la corrupción, donde 81 senadores votaron a favor y nadie en contra, pero no se alcanzó el umbral necesario con más de 11’400,000 votantes y 500,000 votos mínimos. Por tanto, hay una carencia de antecedentes en este tipo de consultas. Lo que estipula la ley es que, una vez elegidas las preguntas, el Parlamento tiene un año para actuar sobre ellas. Las acciones legislativas no son sencillas.
Algunos miembros en el Parlamento han manifestado que la consulta es populista, costosa, y que podría ser una táctica para las elecciones de 2026. ¿Cuál es tu perspectiva?
Los mecanismos de participación popular son un componente fundamental de nuestro sistema político, ya que permiten a los ciudadanos decidir entre el sí o el no, generando campañas de apoyo o rechazo que no necesariamente son partidistas. De hecho, pueden ser iniciativas impulsadas por ciudadanos que desean expresar su opinión. También es relevante que las preguntas se voten individualmente; es decir, los ciudadanos pueden estar de acuerdo con algunas y en desacuerdo con otras. Esto fortalece dicho proceso participativo.
Ministros de trabajo, Antonio Sanguino, y de interiores, Armando Benedetti. Foto:Sergio Acero Yate. Tiempo
¿Cuál es el ambiente en el Senado para discutir la consulta? ¿Crees que será aprobada?
Considero que las preguntas son valiosas y deberían ganar el apoyo del Senado; sin embargo, si me preguntas sobre el contexto político actual, diría que no contamos con los 55 votos necesarios para aprobarlas en un total de 108. Muchos senadores están planteando resistencia y existen 10 candidatos presidenciales que están criticando al gobierno y sus políticas. Esto representa una oposición significativa a lo que la administración propone, sea acertado, regular o inadecuado, siempre tenderán a votar en contra. Por tanto, conseguir esos 55 votos en el Senado no resulta una tarea fácil.
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#Politiquando con Maria José Pizarro. Foto:
Mary Alejandra González Duarte
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