El martes 6 de mayo, un cambio significativo afectará a los usuarios de servicios energéticos en el Atlántico: ahora tendrán la oportunidad de decidir si pagan una tasa de seguridad que ha sido establecida por el gobierno del Atlántico. Esta nueva colecta ha suscitado un debate considerable, ya que la compañía Air-E considera que esto podría incrementar el monto total de las facturas que reciben los usuarios.
La medida fue comunicada por Air-E, actualmente en proceso de intervenir los servicios domésticos. Según declaraciones de la empresa, el nuevo diseño de factura persigue el objetivo de ofrecer más transparencia y autonomía a los usuarios, en un contexto de creciente controversia que ha estallado en las calles y ha llegado a los tribunales.
Tres opciones de pago: el usuario tiene voz y voto
Factura de Air-E. Foto:Aire
A partir de ahora, cada factura incluirá tres cupones distintos que los usuarios podrán elegir al realizar sus pagos. La modificación más significativa se encuentra en el primer cupón: una opción de pago que omite la tasa de seguridad, actuando como una protesta económica directa contra el cobro impuesto por el gobierno departamental.
- Opción 1: Pago exclusivo por el servicio de energía, iluminación pública y servicios sanitarios (previa solicitud), sin considerar el monto de la tasa de seguridad.
- Opción 2: Pago total, que incluye todos los conceptos anteriores además de la tasa de seguridad, destinado exclusivamente para fines en el Departamento del Atlántico.
- Opción 3: Pago que cubre todos los conceptos previos y todas las deudas acumuladas con la empresa.
Las organizaciones dedicadas a la defensa del consumidor han expresado que este nuevo programa es una respuesta a la presión ejercida por la ciudadanía y a las numerosas quejas que consideran la recolección como arbitraria, sin una justificación clara para su implementación o mecanismos de control adecuados.
El gobernador no cedió: postura de Air-E
El servicio residencial tendrá un incremento del 9 %. Foto:Vanexa Romero / El TIempo
Diana Bustamante, agente especial de Air-E, señaló que la compañía intentó llegar a un acuerdo con el gobierno del Atlántico para eliminar o, al menos, reducir la recolección de la tasa de seguridad, pero dichos esfuerzos no tuvieron éxito.
No fue posible lograr ningún acuerdo con el gobierno. Tampoco se pudo establecer un programa de ayuda para usuarios de bajos ingresos. Por eso implementamos este mecanismo de selección en los pagos, basándonos en la resolución de Creg y en el derecho del usuario a decidir qué conceptos desea cancelar.
Diana Bustamante,Agente de actuación de Air-E
La tasa de seguridad fue establecida por la regulación departamental bajo el argumento de que es necesaria para los programas de supervisión financiera y la convivencia de los ciudadanos; sin embargo, su implementación y destino han sido criticados debido a la falta de transparencia, la escasez de aplicación presupuestaria y escasa responsabilidad, como lo advirtió la diputada Isabella Pulgar en días recientes.
Air-E también supervisa la iluminación y el aseo público
Barriga Foto:Pressory Barranquilla
Paralelamente, Air-E está organizando reuniones con alcaldes locales para revisar el consumo público del impuesto de iluminación, otro elemento que aparece en las facturas y que ha generado dudas sobre las cantidades cobradas y su proporcionalidad respecto al servicio recibido.
En relación a los servicios de aseo, la empresa ha aclarado que no proporciona este servicio, sino que actúa como un agente de facturación y cobro para empresas que tienen contratos firmados entre las partes, lo que implica que la inclusión de esta recolección en la factura responde a decisiones de terceros y no a una compañía de energía.
Los usuarios demandan claridad y justicia arancelaria
Diversos sectores sociales han contemplado la opción de no pagar la tasa de seguridad en avance del respeto de los derechos del consumidor. Sin embargo, advierte que aún persiste una falta de solución estructural: ya sea la eliminación definitiva de esta recaudación, o al menos una revisión desde una perspectiva técnica y social.
Las organizaciones de usuarios han convocado nuevas protestas y acciones legales con el fin de exigir la revocación de esta tasa. Por su parte, el Gobierno del Atlántico sostiene que los recursos generados son cruciales para financiar la seguridad en los municipios.
La implementación del nuevo programa de liquidación será acompañada de una campaña pedagógica a través de los medios de comunicación para garantizar que los ciudadanos comprendan cómo seleccionar la opción de pago sin provocar confusión o descontento.
Por el momento, esta opción solo se aplicará en el Departamento del Atlántico, aunque no se descarta su posible extensión a otras áreas donde la empresa opera, dependiendo del contexto regulatorio y las decisiones de las entidades territoriales.
