
Recientemente, el gobierno ha hecho pública su propuesta oficial respecto al aumento salarial para los empleados públicos en el contexto de las negociaciones del año 2025.
Dicha oferta contempla un incremento de 1.3 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los años 2025 y 2026, lo cual ha sido rechazado de manera contundente por los sindicatos, que consideran insuficiente esta propuesta.
El Ministro de Finanzas, Carlos Emilio Betancourt, fue la figura encargada de presentar esta propuesta ante representantes del Estado Federal, constituyendo así una parte clave de la tabla de negociación a nivel nacional.
En un comunicado emitido por “More Colombia” y en el marco de esta negociación, el Secretario General defendió el enfoque adoptado en la fórmula salarial, argumentando que su objetivo es alcanzar un equilibrio entre el reconocimiento del esfuerzo de los funcionarios públicos y la sostenibilidad fiscal del estado.
Se considera un objetivo mínimo aceptable para un aumento que contemple el IPC + 3.5 %.
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A pesar de los intentos del gobierno, la respuesta de los representantes de los empleados fue unánime en rechazo a esta propuesta.
Indican que el aumento propuesto no es suficiente para contrarrestar la disminución histórica del poder adquisitivo que han sufrido los empleados del gobierno y no responde adecuadamente a sus necesidades. En consecuencia, el Banco de Unión mantiene su postura de que la base mínima aceptable es un aumento del IPC + 3.5 %, habiendo iniciado las negociaciones con un planteamiento de IPC + 5 %.
Alto riesgo de estancamiento en las negociaciones
La discrepancia entre el planteamiento del gobierno, que ofrece un aumento de IPC + 1.3 %, y la exigencia del sindicato de al menos IPC + 3.5 %, sugiere que las negociaciones están enfrentando serias dificultades. Si no se llega a un acuerdo en las próximas reuniones, existe el riesgo de que el proceso se estanque.
La próxima sesión de negociaciones está programada para el martes 29 de abril, donde los sindicatos esperan que la comisión presente sus comparativas.
Adicionalmente al aumento salarial, los empleados también han planteado otras solicitudes estratégicas que se están abordando de manera paralela durante esta fase de contratación, que originalmente contempla un plazo de 20 días hábiles.
Más de 1.2 millones de funcionarios a nivel nacional están atentos a los resultados de estas negociaciones, ya que las decisiones que se tomen en este ámbito afectarán directamente a las condiciones laborales de maestros, trabajadores de la salud, funcionarios del Ministerio de Justicia, empleados administrativos y otros servidores públicos.
La próxima reunión de las negociaciones nacionales está programada para el martes 29 de abril.
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¿Cuál fue el aumento salarial de los funcionarios públicos en 2024?
El gobierno anunció a través de la Directiva 0301, emitida el 5 de marzo, un aumento salarial del 10.88 % para los empleados del sector público en el año 2024.
Esta medida, que tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero, se sustentó en el IPC que, según Dane, fue del 9.28 % en el cierre de 2023. Diversas organizaciones, incluyendo a CGT, CTC, Fecode, Fenaltasa, Utradec y Fecotraservipubicos, están demandando aumentos salariales aún mayores para 2025 y 2026, así como el cumplimiento de contratos previos y derechos laborales que garanticen condiciones justas y duraderas.
Entre las demandas adicionales incluidas en la especificación están:
- El reconocimiento de diferentes derechos laborales, que incluyen primas técnicas, horas extras y bonificaciones.
- Un mayor fortalecimiento del derecho a organizaciones sindicales y acuerdos de negociación colectiva.
- Un enfoque de participación de género en la política laboral estatal.
- La regulación de derechos para evitar abusos en el sector público.
*Este material fue elaborado con el apoyo de inteligencia artificial, utilizando información basada en datos de acceso público proporcionados a los medios de comunicación. También fue revisado por un periodista y un editor.
Jos Guerrero
Equipo de extensión digital