El martes, el presidente Gustavo Petro se encontró con una nueva carta emitida por el ex canciller Álvaro Leyva. Al igual que su primer comunicado, esta misiva fue publicada a través de un trino que contenía fuertes acusaciones. Leyva expandió la narrativa sobre un uso problemático de drogas por parte del presidente, incorporando más eventos que los que se habían presentado inicialmente en el contexto del conflicto que surgió a raíz de estas alegaciones.
En esta nueva declaración, el ex ministro no solo aumentó la lista de incidentes donde el presidente presuntamente actuó de manera inapropiada debido a la influencia de sustancias, sino que también se atrevió a sugerir que Gustavo Petro debería considerar dar un paso al lado para recibir tratamiento. El contenido de la carta fue contundente, ya que Leyva dejó claro que era necesario “revisar su permanencia en la oficina presidencial de la República. Su objetivo era decirle personalmente. Imposible”.
Dentro de esta misma comunicación, se abordó la necesidad de “Transferir hacia la calma institucional y moral de la nación”, una tarea que, según Leyva, solo podría alcanzarse mediante “Producción sin choques que permite la conclusión completa de la responsabilidad de todos en momentos importantes para la República”.
El mensaje de Leyva fue interpretado por muchos como un claro llamado a la renuncia del presidente. “Tienes que continuar de inmediato. No hay tiempo que perder”, añadió en la carta, que finalizó mencionando que la comunidad internacional estaba al tanto del problema de consumo que afectaba al presidente.
Además de generar revuelo, las acusaciones en la misiva se convirtieron en herramientas para la oposición política. Sin embargo, persistía la duda sobre si estas acusaciones traerían consecuencias legales para Leyva. En su carta, el ex canciller no solo discutió la supuesta incapacidad del presidente, sino que también respaldó una responsabilidad directa por un crimen, sugiriendo que se trataba de falsedades ideológicas, lo que ha sido visto como un intento de incitar a un golpe de estado.
Algunos abogados consultados sobre el tema, como Francisco Bernate, señalaron que el pedido de que el presidente renuncie no configura un comportamiento delictivo. “Que un ciudadano peatonal le pida al presidente que renuncie su posición no tiene consecuencias”, aseguró Bernate, enfatizando que dichas declaraciones son parte de la “Libertad de expresión”.
Recordaron casos pasados donde figuras públicas hicieron llamados similares, como el caso de Álvaro Gómez, quien solicitó la renuncia de Ernesto Samper en un editorial, lo que tuvo grandes repercusiones políticas. Por su parte, Alejandro Sánchez opinó que las acusaciones de Leyva podrían considerarse como calumnias, especialmente porque tales cartas son públicas y provocan un debate mediático. “Podríamos hablar sobre insultos para ofender porque se hace una cuenta que quiere intentar en contra de la reputación y honor de la persona antes mencionada”.
A pesar de esto, advirtió que no sería fácil hacer que un caso prosperara contra el ex canciller. La legalidad de tales acusaciones depende en gran medida de que la supuesta víctima, en este caso, Gustavo Petro, decida presentar una queja. Actualmente, no hay indicios de que el presidente tomará dicha acción, a pesar de las presiones externas.
Las cartas de Leyva han desatado un intenso debate sobre sus intenciones. Algunos amigos del presidente han considerado los constantes ataques como un intento de golpe de estado. “La carta perdedora completa que tuvimos una advertencia durante meses juntos es un éxito en Colombia.”, afirmaba Camacho.
Además, María José Pizarro, senadora del gobierno, expresó: “La carta de Álvaro Leyva solo desglosa el debate político y es un ataque a la legitimidad y la inversión presidencial.”
A pesar de las crecientes críticas, algunos independientemente sugirieron que las declaraciones de Leyva no contenían el impacto que algunos reclamaban. La senadora Angélica Lozano señaló: “¿Preparar baches? ¿En serio? Lyva no tiene poder. ¿Qué dar a luz a los miedos innecesarios? Sería el diecise entero choque del año”.
Esta controversia también incide en las dudas en torno a la credibilidad política de Leyva, especialmente considerando su edad (82 años), lo que limita su capacidad para emprender un proyecto político a largo plazo. Además, la reciente sanción impuesta por el Ministro de Justicia indica que no podrá ejercer funciones públicas durante los próximos diez años, lo que añade más complicaciones a su posición actual.
Juan Sebastián Lombo Delgado
Político
