
El Director de Federrollo, Luis Fernando Mejía, ha expresado su preocupación respecto a las nuevas tasas de retención en el impuesto sobre la renta que se implementarán a partir del año 2026. Según su perspectiva, estas nuevas tasas pueden interpretarse como un impuesto previo a la anticipación, lo que implicaría una carga adicional para los contribuyentes. La estimación apunta a que, para el año 2025, esto podría resultar en un costo de 13.9 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Mejía ha manifestado que es un tema que ya había sido discutido anteriormente y que, si se sigue el mismo patrón que en años pasados bajo la administración del presidente Gustavo Petro, se corre el riesgo de que el escenario del año 2023 se repita. En su opinión, la falta de aprobación de una nueva reforma fiscal conllevará a que se dé luz verde a un agujero fiscal adicional, lo que podría agravar aún más la situación económica que enfrenta el país. Es importante subrayar que el contexto económico actual requiere de una atención especial para evitar caer en los mismos errores del pasado.
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El experto en economía, Mejía, también ha reiterado la urgencia de que el gobierno nacional tome medidas correctivas en la asignación de su presupuesto. Según su análisis, sería fundamental reducir el presupuesto en 28 mil millones de pesos, algo que ha sido solicitado por diferentes sectores que buscan un manejo más responsable de los recursos públicos. “La única forma de avanzar de manera responsable es reducir los costos: para los hogares, esto podría implicar ajustar su consumo; y para el gobierno, esto necesariamente incluye una disminución del presupuesto por 28 mil millones de dólares. Esta advertencia la hemos hecho desde el año pasado”, señaló Mejía en un mensaje a través de su cuenta en la red social X.
A través de estas declaraciones, se observa una preocupación constante por parte de expertos sobre la necesidad de tener un manejo fiscal más equilibrado. El llamado de Mejía no solo resalta la importancia de ajustar el gasto público, sino que también refleja una inquietud más profunda sobre las implicaciones que tienen las decisiones fiscales en la economía nacional y las vidas de los ciudadanos. La urgencia de la situación financiera demanda no solo reformas fiscales, sino también una restructuración más amplia de cómo se administran los recursos en el país para garantizar un futuro más sostenible y menos vulnerable a crisis económicas. En este sentido, la participación de todos los sectores en el debate fiscal podría contribuir significativamente a encontrar soluciones viables y efectivas.