
El pasado martes, 6 de mayo, un conmovedor mensaje sobre un tiroteo que había ocurrido cerca del campus de la Universidad de Antioquia generó gran inquietud entre los habitantes de Medellín. La situación se tornó más grave cuando se confirmaron las muertes de dos personas durante el ataque: un hombre que se convirtió en una víctima directa del tiroteo y una mujer que trabajaba en el servicio de limpieza municipal.
En un principio, la atención se centró en la muerte de la mujer, identificada como Flor María Mosquera, quien formaba parte del grupo “Escobitas” Emvarias. Lamentablemente, Flor María fue impactada por una bala en el pecho, lo que le costó la vida de manera instantánea en el lugar del incidente.
El asesinato en medio del caos
Sin embargo, a medida que se conocían más detalles en las horas siguientes, emergió información sobre la víctima principal de los disparos. Se trataba de un hombre que circulaba en una Toyota Truck en el sector de El Chagualo.
John Jairo Mazo Paniagua recibió un disparo mientras se desplazaba por Chagualo. Foto:Telemedellín gracias a su amable colaboración.
Finalmente, se identificó a este hombre como John Jairo Mazo Paniagua, de 44 años, quien anteriormente se desempeñó como policía en Sijin en Medellín. Mazo había dejado la institución en 2006, después de haber estado uniformado durante un total de 19 años.
Un año después de su salida de la policía, el 25 de agosto de 2007, Mazo se vio envuelto en un problema judicial: fue responsabilizado por la posesión de un arma de fuego en el distrito Enciso, al este de Medellín, sin los permisos necesarios. A pesar de que Mazo alegó que se había incorporado a trabajar como escolta, la arma no fue devuelta a las autoridades.
Posteriormente, Mazo fue registrado en otras dos ocasiones por el uso de vehículos robados. El primer incidente ocurrió el 28 de septiembre de 2009, cuando fue descubierto en el barrio United, conduciendo una motocicleta que había sido robada el 27 de julio de 2002 en el sector de Belén Rosales. El segundo arresto se realizó el 21 de julio de 2015, cuando fue detenido en el distrito de Acevedo por el delito de conducción de un vehículo robado, luego de ser capturado por el mismo delito en Guayabal dos años antes.
Además, el historial de Mazo incluye dos registros adicionales: uno por interrupción de la propiedad en el contexto de bienes raíces y otro por actos sexuales con un menor de 14 años.
El ataque que costó la vida a Mazo tuvo lugar mientras él esperaba un cambio de luz en la intersección de la carrera 55 con la calle 62. En ese momento, dos hombres en una motocicleta se acercaron a su ventana, bajaron el parachoques del vehículo y dispararon al menos seis balas, impactándolo en el torso y en la cabeza.
Desafortunadamente, Paniagua Mazo falleció instantáneamente.
Dos hombres en motocicleta dispararon seis veces al hombre. Foto:Archivo privado
Tras el crimen, las autoridades comenzaron un trabajo técnico exhaustivo para esclarecer el hecho delictivo. Desde el inicio, los expertos afirmaron que el modus operandi se asemejaba al de un homicidio por encargo, lo que implicaba que el ataque era premeditado.
Aunque surgieron teorías que relacionaban el crimen con organizaciones criminales de la ciudad, documentos judiciales sugieren que el asesinato de Mazo podría estar vinculado a un intento de debilitar una investigación judicial en la que él, como exuniformado, sería un testigo clave.
Un testigo crucial?
Se ha mencionado que Mazo podría ser uno de los principales testigos presentados por la Oficina del Fiscal General en un caso de corrupción policial que involucra a cinco uniformados asignados a Sijin.
Los hechos en cuestión tuvieron lugar en julio de 2024, cuando el alcalde Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintenientes Carlos Andrés Jiménez Noguer y Cristian David Valencia Valencia, así como los patrulleros Thyanana Karina Rodríguez Melo y Jeisson Fernando Rolón Sepúleda, fueron presentados como responsables de ejecutar un allanamiento basado en una orden de búsqueda falsa.
Según los documentos judiciales, los oficiales ingresaron a una propiedad donde se encontraban un adulto mayor y su sobrina pequeña, e impusieron a los afectados un cobro extorsivo que superaba los 40 millones de pesos, además de un arma de fuego semiautomática. También se alega que los uniformados extorsionaron al anciano para que no denunciara el caso a la infancia y adolescencia, insinuando que podría ser el menor quien utilizara el arma.
Así, los abuelos se vieron presionados a aceptar el pago que solicitaban: 20 millones de pesos. Sin embargo, los uniformados, en un acto de avaricia, terminaron exigiendo otros 150 millones de pesos a cambio de no condenarles por el uso indebido de las armas.
John Jairo Mazo Paniagua tuvo conocimiento de esta situación a través de sus conexiones en Sijin y certificó lo que había sucedido a las autoridades. Sus declaraciones condujeron a la detención de los uniformados, quienes fueron acusados en marzo del año pasado por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, y otros delitos graves.
Todos los involucrados enfrentaron medidas restrictivas en un centro penitenciario mientras avanzaba la causa en su contra. Sin embargo, el tiempo evaluó y concluyó que el 3 de abril, el defensor de los uniformados presentó una apelación señalando que la detención de sus clientes fue ilegal.
Un fragmento del proceso judicial contra las fuerzas policiales. Foto:Tiempo.
Finalmente, el 30 de abril, se dio la orden de reprogramar la siguiente audiencia contra los uniformes de Sijin. En el marco de esta decisión, el defensor solicitó la revocación de la medida cautelar impuesta a sus clientes. Esto ocurrió el lunes 5 de mayo, un día antes de que se produjera el asesinato de Mazo Paniagua, quien figuraría como testigo en la audiencia.
Las autoridades determinaron que la audiencia para evaluar las medidas cautelares respecto a cinco oficiales uniformados se programó para el viernes 9 de mayo a las 10:10 a.m.
Nicolás Tamayo Escalante
Periodista nacional, radicado en Medellín.
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