El historiador peruano Sanmarquino, cuyo portal informa sobre la Universidad Nacional de San Marcos, afirmó el 7 de agosto que el conflicto territorial entre Perú y Colombia alrededor de la isla de Santa Rosa se basa más en intereses comerciales que por razones legales. Según el experto, “el acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir”, indica que los tratados que protegen la soberanía peruana son sólidos y decisivos.

La controversia resucitó después de la declaración del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó al gobierno peruano de “golpear un territorio proveniente de Colombia” al publicar la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto. Petro afirmó que esto viola el protocolo de Río de Janeiro en 1934.

Sin embargo, el historiador afirma que los acuerdos fronterizos más importantes, como el Tratado de Salomo -Lozano (1922) y el Protocolo Suplementario para Río de Janeiro (1934), permanecen en vigor y están claros en términos de delimitación. La reciente institucionalización de Santa Rosa como distrito se adaptaría a estos tratados y no representa una agresión o subvención incorrecta desde su perspectiva.

De la misma manera, otros analistas explican que Santa Rosa llegó naturalmente después de los tratados, como una nueva formación geográfica que surgió de los cambios en el río en el canal Amazonas durante las décadas posteriores a 1929. Esto refuerza la disertación de que no había vacío legal, sino una realidad territorial fluida ya considerada en los mecanismos bilaterales.

La posición del historiador ofrece un tono académico al debate y recuerda que el fondo económico vinculado a la apertura del acceso al Amazonas y el Río es una dimensión real y concreta de este conflicto, posiblemente más crucial que las disputas legales sobre la soberanía.