El gobierno de Ecuador anunció una reforma a la ley de movilidad humana destinada a fortalecer los controles migratorios y acelerar los procesos de deportación de extranjeros que no cumplan con las normas del país. Las nuevas disposiciones pretenden responder al aumento de la migración irregular y a los recientes casos de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros.
Entre los cambios más importantes se pueden mencionar la posibilidad de negar la entrada a personas con antecedentes penales, la reducción de los plazos para procesar las deportaciones y la introducción de filtros más estrictos en los puntos fronterizos. También está previsto el establecimiento de centros de detención temporal para quienes se encuentran en proceso de repatriación.
El Ministerio del Interior explicó que los cambios no afectarán al derecho de asilo ni a las garantías humanitarias, pero buscan garantizar la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley.
Organizaciones sociales han expresado preocupación por el posible impacto de las nuevas normas sobre migrantes y refugiados, mientras el gobierno asegura que la medida apunta a mantener el orden y proteger a la población. La reforma ya fue enviada a la Asamblea Nacional para su revisión y aprobación final.
