El reciente asesinato de siete soldados que prestaban protección en un Espacio de reinicio costero (ETCR) en la Liga de Guavas marca solo uno de los múltiples episodios de violencia vinculados a la estructura delictiva leal liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Este suceso ha llevado al desplome de la mesa de diálogo que se sostenía con el personal central de las FARC.
Las negociaciones con lo que se conoce ahora como los principales operativos de los bloques y letreros, un grupo que integra a los bloques de Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio, Gentil Duarte y Raúl Reyes, comenzaron tras la declaración de una pausa en el fuego en las regiones de Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Sin embargo, esta situación ha ido deteriorándose significativamente.
En septiembre de 2022, tuvo lugar una reunión crucial entre el gobierno y el alias Calarcá.
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Archivo privado
El gobierno se vio obligado a poner fin a la tregua tras una serie de hostilidades provenientes de los bloques bajo el mando de Vera, alias Iván de Nestor Gregorio, que atacaron a comunidades indígenas en Cauca y también el brutal asesinato del líder indígena Carmelita Yule Pavi, junto con muchos otros actos de intimidación a la población civil.
Violencia contra los firmantes
A pesar de que el grupo armado se pronunció tras el ataque en Guavare, alegando que actuaron en “defensa legítima”, la realidad es que durante el año pasado, se implementaron varias acciones cercanas al ETCR que evidencian una política más sistemática de agresión, la cual no ha provocado bajas en el campo militar.
En junio del año pasado, en medio de su disputa territorial con “Segunda Marquetalia”, el frente mandado por Iván Díaz ordenó a los bloques de Jorge Suárez Briceño en la EMC la reubicación forzada de 82 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, según informes comunes, quienes residían en Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán.
Etc Miravalle, Caquetá, fue el refugio para 82 personas desplazadas por la violencia.
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Las Naciones Unidas
Asimismo, el año anterior, este grupo fue responsable de la reubicación forzada de más de 200 firmantes del acuerdo que vivían en el ETCR Mariana Páez, ubicado en la meseta. Este patrón de violencia ha llevado a que se califique a los miembros de la oposición de Calarcá y Bite como los principales responsables de una serie de asesinatos de exguerrilleros, logrando que las organizaciones armadas sean vistas como las más amenazantes para la vida de los firmantes: desde la firma de la paz, se registraron 460 crímenes.
Monopolio de la extorsión
Un mes después, en julio, este medio de comunicación reportó cómo en la parte sur de Meta, particularmente en la ciudad de Uribe, los pobladores enfrentaron un incremento de folletos, extorsiones y amenazas hacia comerciantes, finqueros y desarrolladores que intentaban llevar a cabo actividades económicas.
Folletos de las disidencias de las FARC bajo la dirección de AK Calarcá fueron hallados en la zona.
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Archivo privado
Según testimonio de un agricultor de la región, “cada año, las disidencias exigen 10,000 pesos por cada hectárea de tierra y 10,000 pesos por cada cabeza de ganado. También se cobran hasta 3,000 pesos por cada ave”. Estas acciones han sembrado el terror en la población local, obligando a muchos a participar en reuniones forzadas a través de folletos que llevaban el sello del Comité de Finanzas de Castro, quienes advertían multas por no asistir. Se estima que en una de estas convocatorias, más de 3,200 personas fueron coaccionadas para “donar” recursos irregulares que supuestamente se destinarían a la construcción de infraestructura como puentes y otros proyectos comunitarios.
La presencia armada
El 23 de julio, durante una vigilancia militar en el camino entre Medellín y Anorí (Antioquia), las autoridades interrumpieron a un grupo de miembros de la disidencia que se trasladaban en camiones de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los camiones de la UNP fueron utilizados sin la autorización debida por miembros de la disidencia de las FARC.
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Entregado.
Si bien algunos miembros de la disidencia estaban autorizados para utilizar vehículos de la UNP en función de los protocolos que el gobierno firmó para garantizar la protección de quienes participaban en la verificación del cese al fuego, la realidad es que esta autorización no abarcaba a todos los involucrados y excluía a quienes no estaban en el proceso.
¿Cuántos son?
En la actualidad, Calarcá, excomandante del 40 Frente de las FARC, del bloque de Jorge Suárez Briceño, dirige una estructura que combina operativos generales de varios bloques y frentes. Su influencia abarca las regiones de Meta, Caquetá y Guaviare, donde mantiene una disputa territorial significativa con grupos leales que luchan por el control de economías ilícitas.
Según reportes de inteligencia militar, estas organizaciones armadas cuentan con aproximadamente 1.160 miembros, entre militantes y redes de apoyo. El bloque incluye ocho estructuras, entre ellas el frente Rodrigo Cadeto, dirigido por Juan Agudelo Salazar, alias Uriah Perdomo, con presencia en Caquetá, y el frente de Raúl Reyes, comandado por Yeison Alexis Ojeda, también conocido como Danilo Alvizú, con miembros activos en Amazonas, Caquetá y Putumayo.
Además de un informe sobre los ataques registrados.
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Tiempo
Camilo A. Castillo
Político
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