El Comité de Control de Comunicaciones (CRC) anunció esta semana su decisión de no permitir un mensaje institucional proveniente de la oficina presidencial que fue solicitado el 1 de marzo, el cual tenía como objetivo apoyar la consulta popular para la mejora laboral. El presidente Gustavo Petro, tras conocer esta determinación, tildó la situación de “censura” y acusó al regulador de exceder sus competencias. En respuesta, el CRC reafirmó su posición, exigiendo que se apliquen de forma estricta las normativas que regulan estos espacios de comunicación.
¿Cuáles fueron las razones del rechazo del CRC?
El CRC explicó que el espacio de televisión gratuito otorgado debe ser utilizado exclusivamente para informar a los ciudadanos sobre las actividades del gobierno y no con fines de propaganda política. Por esta razón, todos los videos son revisados cuidadosamente para asegurar que no intenten influir en las votaciones ni en la opinión pública, especialmente durante los procesos que aún están en curso.
El mensaje presentado por el presidente consistía en un video de 27 segundos en el que dos ciudadanos conversan e invitan al público a asistir a la Plaza de Bolívar para defender la consulta popular.
La unidad del CRC determinó que, aunque el mensaje era un llamado a la participación democrática, contenía un sesgo político significativo y tuvo como propósito influir en la opinión pública durante el proceso de consulta. Por ende, no cumplía con los estándares de objetividad exigidos por la normativa.
A diferencia de lo que se puede pensar sobre los órganos de censura, el CRC hizo hincapié en que su función es verificar que cada mensaje se ajuste a los estándares requeridos, sin alterar o modificar el contenido original. Tras el fallo del Consejo de Estado, que determinó que la Oficina Presidencial debe ser un espacio de carácter neutral y regulado, el CRC reforzó su postura para garantizar que las solicitudes futuras estén alineadas con las instrucciones de la corte.
En este contexto, el CRC no alteró los criterios del gobierno ni cambió el contenido en ninguna forma. La negativa se fundamentó en el hecho de que el patrón no debe utilizar los espacios reservados para servicios públicos para difundir mensajes políticos durante las elecciones.
¿Confusión entre el discurso del Presidente y el rol del Ministro?
A pesar de que el CRC se basa en criterios técnicos y legales en su decisión, la respuesta del gobierno fue inmediata. Apenas una hora después de la orden judicial que respaldaba al regulador, el ministro del interior, Armando Benedetti, anunció en su cuenta de “X” que la medida sería impugnada, alegando que “la ejecución no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995“, que regula el servicio de televisión pública en Colombia. “No se debe estar tan contento. La decisión de no promover ministros será impugnada“, escribió Benedetti.
Un canal regional abordó la situación señalando la confusión que existe en la relación entre el discurso presidencial y las directrices enviadas desde el Consejo de Ministros. Este consejo subraya que la dirección de mensajes debe ser un pronunciamiento personal del Jefe de Estado, enfocado en asuntos de interés público y que no contemple operaciones políticas.
Para las estaciones de televisión, esta línea de demarcación es confusa, ya que pueden tratar ambos elementos en el mismo espacio informativo. Sin embargo, el CRC señala que esta distinción es esencial para proteger la pluralidad informativa: “Permitir que las reuniones del Consejo de Ministros utilicen el espacio institucional equivaldría a convertir estas interacciones en herramientas de propaganda pública”, explicaron.
El fallo subraya que aquellos pronunciamientos deben abordar temas de interés general. Foto:Presidencia
En el evento de desobediencia a las instrucciones de la corte, el CRC aclaró que no posee autoridad para sancionar al presidente; solamente un juez en el sistema judicial podría declarar la inacción como desacato y prescribir las acciones adecuadas. La función de la Comisión se limita al monitoreo de la coherencia técnica en lugar de intervenir en el contenido de los mensajes.
La unidad está elaborando un “documento azul” para evitar futuras confusiones
Con el objetivo de evitar confusiones y controvertidos similares en el futuro, el CRC está trabajando en un “documento azul“, que contendrá un análisis sobre los riesgos para el pluralismo informativo a partir de la regulación vigente.
Medios de comunicación han discutido con la directora de audio y video del CRC, Andrea Muñoz: “Al concluir nuestras funciones este año, nosotros enviamos propuestas regulatorias que se han estado trabajando y se realizarán las correcciones necesarias en la definición y el papel de las agencias”, explicó.
Con estas iniciativas, la agencia asegura que se esfuerza por fortalecer el pluralismo informativo.”
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