Las conversaciones con el Eln congeladas desde el año pasado –meses antes de la masacre de al menos 130 personas en el Catatumbo, que provocó el desplazamiento forzado más grande en dos décadas y una crisis humanitaria que aún no termina– y con su figura más reconocida, el senador Iván Cepeda, dedicado de lleno a la campaña presidencial del 2026.
‘Iván Mordisco’, el desertor de las Farc al que le permitió realizar una ostentosa parada militar como las del Caguán en el 2023, en el lanzamiento de los diálogos, convertido en el enemigo público número 1 del país, amenazando de muerte al presidente Gustavo Petro y con una recompensa de 5.000 millones de pesos sobre su cabeza.
‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central. Foto:EFE
Alias Calarcá, supuestamente aún en negociaciones, consolidado como el principal extorsionista de Meta, Caquetá y otros departamentos y responsable del mayor golpe contra la Fuerza Pública en la actual administración: el asesinato de 13 policías antinarcóticos en Amalfi, Antioquia, en agosto pasado.
Ese es el estado crítico de la política de ‘paz total’ a ocho meses largos del relevo en la Casa de Nariño. Una ‘paz total’ que, en palabras del propio mininterior, Armando Benedetti, esta semana en el Congreso, “pudiera ser que fracasó”. Es el mismo panorama, reforzado por las cifras en rojo en materia de seguridad en al menos una decena de departamentos –Arauca, Cauca, Guaviare, Valle, Antioquia, Nariño, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Chocó–, que le da contexto a uno de los reversazos más sonados del gobierno Petro: el regreso de los bombardeos, que en los últimos tres meses se han cobrado la vida de al menos 12 menores de edad reclutados por las disidencias.
“El abandono de la paz de muchos grupos que hoy están en actividad armada ofensiva, no todos, pero la mayoría, nos hace retomar los combates a los niveles que tenía (el gobierno) Duque”, dijo el miércoles el Presidente mientras proyectaba una diapositiva que daba cuenta del aumento de los combates contra grupos armados organizados en el último año y medio, el período que ha pasado desde que se rompieron las primeras negociaciones con ‘Mordisco’.
Alocución presidencial del 19 de noviembre. Foto:Presidencia
De los 1.404 combates registrados entre el 7 de agosto de 2022 y el 17 de noviembre pasado, dos tercios (952) se concentraron en 2024 y 2025. Estas operaciones, que incluyeron 13 bombardeos, dejaron 631 muertos en total. La alocución presidencial de esta semana estuvo centrada en un solo objetivo: tratar de justificar el giro de 180 grados frente a los bombardeos dado por el Gustavo Petro de ahora frente al que hizo campaña de oposición y luego arrancó presidencia, en 2022, tildando de “asesinos de niños” a los anteriores gobiernos que usaron las mismas ‘operaciones beta’ que en las últimas semanas ha autorizado el primer mandatario de izquierda en la historia del país. “Si el Gobierno al menos tenía la sospecha de que podía haber menores de edad en el sitio donde iban a bombardear, eso es un crimen de guerra”, aseveró siendo senador.
El Petro modelo 2025 habla de “menores combatientes” y asegura que eliminar por completo los bombardeos incentivaría el reclutamiento forzado de niños y niñas para ser usados como escudos humanos, que es en esencia lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En lo que va de 2025, según la Defensoría del Pueblo, van 162, lo que significa que cada dos días un menor es arrastrado a la guerra sin que el Estado haya logrado protegerlos.
Esas estructuras que hoy el Gobierno dice enfrentar con mayor decisión, y que son las principales responsables del reclutamiento, encontraron durante casi tres años del mandato un camino abierto para seguir expandiéndose y fortaleciendo su control en los territorios y en las economías ilícitas, al amparo de ceses del fuego concebidos para desescalar la violencia, pero pactados antes de exigir avances concretos en las mesas de diálogo. A esto se suma el rezago de las Fuerzas Militares en capacidades tecnológicas y de inteligencia y la purga de generales que sigue pesando en las fuerzas, al punto de que el ‘reencauche’ de altos oficiales retirados, incluso por orden del mismo Presidente, se ha vuelto normal en este gobierno.
Ejercito Foto:EFE.
Los más recientes informes de inteligencia exponen que de 2022 a la fecha los grupos armados sumaron 10.158 nuevos integrantes, para un total de 25.278, incluyendo combatientes y redes de apoyo, un crecimiento del 67 por ciento en tres años. En ese periodo, el ‘clan del Golfo’ –cuyos cabecillas hoy dialogan con el Gobierno en Catar– dobló su capacidad criminal: pasó de 4.061 a 8.945 integrantes. El Eln también creció, de 4.099 miembros en 2022 a 6.450 este año. Y entre las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), dirigidas por ‘Calarcá Córdoba’ –bloques hoy declarados en guerra tras su división– suman 6.721 hombres, casi 5.000 más que en 2022, cuando apenas llegaban a 1.869.
Ese poder criminal golpea sin miramientos a uniformados y civiles, como la humilde mujer asesinada esta semana con una bomba en Suárez, Cauca. De hecho, el deterioro del orden público en distintas zonas del país ha llevado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a advertir que el 2025 podría cerrar como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década.
Aunque los ojos del país se concentran en lo que pasa en el Cauca, el Catatumbo o Arauca, hay departamentos que han regresado a los niveles de terror de los peores años del conflicto con las Farc, como Meta, Guaviare y Caquetá (todos, golpeados por la violencia de las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’). La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) registró que el desplazamiento individual y masivo en esos departamentos creció 213 por ciento, los enfrentamientos entre actores criminales aumentaron 175 por ciento y el control criminal se disparó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, en el debate. Foto:Cortesía
El confinamiento de comunidades pasó de 10.046 personas en 2024 a 14.067 en lo que va del año, un incremento del 46 por ciento. Allí, sobre todo en el Guaviare, el reclutamiento forzado de ‘Mordisco’ es un azote para las familias campesinas e indígenas (ver gráficos).
Aunque el ministro Benedetti matizó sus afirmaciones asegurando que no le ha dado “ningún certificado de defunción a la ‘paz total’ ”, lo cierto es que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz vive meses complejos, con un jefe, Otty Patiño, afectado por serias complicaciones de salud y alejado de las declaraciones públicas. María Paz Lara Camacho, encargada ante el receso de Otty, dice que el Gobierno no ha bajado los brazos con la ‘paz total’, un término que salió del discurso del presidente Petro hace meses: “Si no apuntamos a la transformación de las economías ilegales y la presencia estatal en los territorios, no vamos a llegar a la paz. Y en eso es que se ha centrado la política de paz de este gobierno (…). La instalación y el desarrollo de esos procesos no significa inmediatamente el cese de las violencias. Es un proceso difícil, complicado, que con las Farc tomó más de ocho años, sin contar la implementación”.
Así van las mesas
Casa Indígena Cabildo Gran Mallama donde participaron más de 150 personas. Foto:Consejería Comisionada de Paz
Lo que empezó como una apuesta por una conversación amplia y abierta con actores armados de distinta naturaleza terminó derivando en una paz fragmentada, con algunos avances concentrados en el sur del país y protagonizados por grupos surgidos de escisiones de estructuras más grandes con las que se intentó negociar en un principio. Mientras el Gobierno dice que el proceso con el Eln no está enterrado, esa guerrilla –que mira con preocupación las amenazas de Estados Unidos a la dictadura de Maduro en Venezuela, su retaguardia estratégica hace décadas– sigue atacando a los colombianos.
El atentado terrorista contra el Batallón Bolívar de hace dos semanas en Tunja, una zona del país tradicionalmente pacífica, da cuenta de la magnitud de esa amenaza. A esto se suma el secuestro de funcionarios de la Fiscalía y de agentes de la Dijín y el atentado contra el gobernador de Arauca.
El modelo de la paz total tuvo errores críticos de diseño y fue insuficiente para entender los cambios en el contexto de la violencia y los avances en la gobernanza armada de los grupos ilegales
Gerson ariasInvestigador FIP
El Ejecutivo le apuesta a mostrar al menos algunos logros menores con el frente Comuneros del Sur, la disidencia del Eln en Nariño, con el que está en las últimas etapas de la consulta previa en el Resguardo Indígena del Gran Mallama para la creación de las zonas de ubicación temporal (ZUT), donde se concentrarían 140 hombres (la Fuerza Pública registra 249 integrantes en total). El compromiso incluye la entrega de armas, la renuncia definitiva a la lucha armada y la reincorporación a la vida civil.
Un resultado similar avizora Armando Novoa para el proceso en Putumayo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), la disidencia de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Este mes finalizó la destrucción de 14 toneladas de material de guerra y supuestamente la mitad de esa banda armada, dedicada en esencia al narcotráfico y con su cúpula en la mira de la justicia de los Estados Unidos, estaría concentrada en un área acordada con el Gobierno en marzo.
Armando Novoa y Otty Patiño. Foto:Consejería Comisionada de Paz
Esta semana, en la inspección de Campo Hermoso, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), finalizó el séptimo ciclo de diálogos con las disidencias de ‘Calarcá’, del que supuestamente salieron acuerdos orientados al desescalamiento del conflicto, en particular frente al reclutamiento de niños y a las garantías para el voto libre en las elecciones de 2026. En la única imagen disponible hasta el momento se observa la presencia de ‘Calarcá’, cuya voluntad de paz ha sido puesta seriamente en duda por las autoridades de los departamentos donde operan sus estructuras, como Antioquia, Meta y Caquetá. En este último, el gobernador Luis Francisco Ruiz ha denunciado amenazas contra él y su familia.
“Hasta cuándo se le va a dar largas a estos ciclos con Calarcá, cuando tiene amenazado, cuando ha venido generando terror en Caquetá y ha puesto en la mira al gobernador”, expresó el representante conservador por Caquetá, Héctor Mauricio Cuéllar.
Los procesos de paz urbana, o espacios de conversación sociojurídicos –hoy en marcha en Quibdó, Buenaventura y en Medellín y el Valle de Aburrá, con miras a consolidar uno más en Barranquilla–, enfrentan un panorama mucho más complejo, debido a que el Gobierno no ha logrado definir un piso jurídico claro para el sometimiento de las bandas criminales. A nueve meses de que finalice esta administración, el polémico proyecto que busca establecer ese marco jurídico se encuentra estancado y no tiene mayor chance de avanzar en el Congreso. El tema de la ley también enreda las negociaciones con el ‘clan del Golfo’ en Catar, cuya opacidad ha recibido críticas mientras la violencia no para en sus zonas de influencia criminal.
Presidente Gustavo Petro en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda
“El modelo de la paz total tuvo errores críticos de diseño y fue insuficiente para entender los cambios en el contexto de la violencia y los avances en la gobernanza armada de los grupos ilegales. No tuvo una adecuada caracterización de los grupos, adecuadas capacidades institucionales para coordinar y dirigir más de diez mesas de negociación, desconectó la política de paz de la estrategia de seguridad y quiso instalar una narrativa válida y necesaria de transformaciones territoriales, pero terminó otorgándoles a los grupos armados un lugar de privilegio”, comenta Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Incluso, algunos analistas no descartan que la presión de Estados Unidos, materializada en su inclusión en la temida Lista Clinton, haya incidido en la decisión del Presidente de mostrar mayores resultados contra grupos armados que nunca se alejaron del narcotráfico a pesar de haberse matriculado en la mesa de la ‘paz total’.
Para Francisco Daza, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, claramente se ve una disposición más ofensiva por parte del gobierno contra aquellos grupos que no están mostrando interés en retomar algún proceso de diálogo. “Esto sin lugar a duda pone un precedente complejo para lo que van a ser las elecciones de 2026 pues Iván Mordisco señaló que no va a tener un rol pasivo”, apuntó.
Eduardo Pizarro Leongómez, entre tanto, afirma que para agosto de 2026, el país podría llegar con más actores armados no estatales, mayor cantidad de integrantes en esas estructuras, más territorios bajo control criminal y una diversificación de economías ilícitas, desde drogas y minería hasta extorsión.
Además del golpe de realidad que lo ha llevado a arriar varias de las banderas políticas de cuando era jefe de la oposición –los bombardeos, el desistimiento de la idea de acabar con el Esmad (rebautizado sí, pero con las mismas funciones) y hasta la billonaria compra de aviones de guerra–, el presidente Petro y sus alfiles se han dado cuenta de que la seguridad es una de las principales preocupaciones para los colombianos de cara al 2026 y estarían buscando minimizar el costo electoral para sus candidatos. En ese sentido, no es casual que, salvo Iván Cepeda, los aspirantes con chance para sucederlo en la Casa de Nariño coincidan en que su primera medida a partir del 7 de agosto de 2026 sea el entierro definitivo de la ‘paz total’.
Juan Pablo Penagos y Jesús Blanquicet
Redacciones Política y Justicia
